Abogados constitucionalistas entregaron visiones contrapuestas respecto a la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad que envió la Corte de Apelaciones de Antofagasta al Tribunal Constitucional por retiro de fondos previsionales.

El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, se inclinó por la admisibilidad del recurso, y apuntó que “de ser declarado admisible, al TC, solo le correspondería ver los efectos contrarios a la Constitución en el caso concreto, porque el conflicto lo debe resolver el juez de fondo”. En esta misma línea, se mantuvo Javier Couso de la Universidad Católica de Chile, pero resaltó la importancia de considerar el fundamento plausible en el proceso.

Una visión contraria entregó el constitucionalista del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, quien dijo que “el Tribunal Constitucional debiera rechazar el requerimiento”. A su juicio, es claro que, si bien la Constitución asegura el derecho de propiedad, también señala que se debe ejercer conforme a los límites legales.

En este contexto, explicó que “lo que prohíbe la Constitución son afectaciones esenciales a las garantías constitucionales”, y en este caso, “estamos hablando de una afectación de la facultad de disposición que no es permanente, sino temporal. Los cotizantes no pierden su facultad de disposición, simplemente no pueden ejercerla por un tiempo” dijo.

Desde la perspectiva de quienes han sido protagonistas de la serie de recursos que gatillaron el requerimiento ante el TC por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el abogado de la Coordinadora No+ AFP y la Fundación Casa Común, Fernando Atria señaló que “el TC deberá decidir si es verdad que los recursos son de los trabajadores y si son de los trabajadores, que tienen derecho de decidir cómo los usan. Y si no es verdad, que digan que es sólo propaganda”. Ahora bien, reconoce que “no nos hacemos ninguna ilusión sobre el modo que el TC evalúa estas cosas, que es políticamente, no jurídicamente, pero daremos la pelea igual”.

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