José Miguel Aldunate, abogado y Director Ejecutivo de Observatorio Judicial, señaló a El Mercurio, que hubiera esperado del TC que no admitiera a trámite el requerimiento, ya que si bien es cierto que la Constitución protege el derecho de propiedad, y el Tribunal ha dicho que existe este derecho sobre los fondos de pensiones, también ha manifestado que lo limita y condiciona. “Lo que prohíbe la Constitución es privación del derecho de propiedad que es expropiatorio, que priva absolutamente el derecho de propiedad, que no es el caso”, aseguró Aldunate.

Expresó que la propia Constitución establece la protección social como un fin de la legislación, un bien jurídico que debe ser protegido. Señaló que “puede haber posturas sobre la legislación del Decreto Ley 3.500 o se puede opinar respecto de si es un buen o un mal sistema. Pero es muy distinto decir que es inconstitucional”.