¿De quién es la culpa? Cuando hablamos de judicialización, lo normal es acusar a los jueces. Que son activistas, que se saltan el texto de la ley, que fallan conforme a sus convicciones. Y, la verdad sea dicha, en ocasiones es verdad.

Pero, para ser justos, a veces los jueces simplemente pisan el palito. A veces no les queda otra. Porque, por paradójico que suene, quien alimenta el chancho de la judicialización no es otro que el propio legislador.

En efecto, en su discurso de inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que de los 33 mil 400 ingresos de 2018, 18 mil 900 están relacionados a reclamos por modificaciones de los planes de isapre. Esto representa más de la mitad de las causas que ingresan a la Corte Suprema. Al respecto, el ministro Brito señaló que “no cabe la menor duda que la falta de una legislación fuerte y clara está traspasando el problema a los tribunales”.

El presidente de la Corte Suprema no se equivoca. Cuando, para bien o para mal, los tribunales han asentado una doctrina jurisprudencial, cabría esperar una reacción por parte del legislador, máxime si el asunto impone una carga pesada a los tribunales. Otro tanto ocurre en el Tribunal Constitucional, donde las inaplicabilidades por la ley de control de armas representan dos tercios de los ingresos; mientras que las inaplicabilidades por la llamada “ley Emilia” se llevan otro pedazo importante de la torta. En ambos casos el TC ha declarado la inaplicabilidad de las normas sostenidamente, sin que se observe una reacción por parte de los órganos políticos.

Otro ejemplo: hoy, la mayor grieta por donde las políticas públicas acaban colándose en los tribunales es el recurso de protección. Concebido originalmente como una acción cautelar, a nadie se le escapa que es precisamente por esta vía que los tribunales hacen y deshacen. Pero, ¿cuánto de ello se debe a la inexistencia de los tribunales contenciosos administrativos, la eterna promesa jamás cumplida del sistema judicial chileno?

Junto a la falta de actividad, existen otros mecanismos por medio de los cuales el legislador colabora con la judicialización. Atrás quedó la vieja definición del Código Civil, según la cual la ley manda, prohíbe o permite. Hoy se ha impuesto la moda de inaugurar todas las normas legales enunciando los “principios” que la rigen: declaraciones tan vagas como altisonantes, al alero de cuya majestad puede encontrarse de todo ─directrices económicas, filosofía política, teoría del derecho, alta sociología─, excepto una indicación precisa de cómo resolver un caso. Ello, sumado a que la parte propiamente dispositiva suele ser un amasijo de parches y contradicciones, constituye una invitación a los jueces para legislar.

Por supuesto, para las autoridades políticas resulta mucho más fácil relegar el asunto al conocimiento de los tribunales que cortar el queque ellas mismas. No se trata de exonerar a los jueces de toda responsabilidad. Pero a la hora de la repartija de culpas, hay que reconocer que el chancho está mal pelado.

José Miguel Aldunate, directo ejecutivo de Observatorio Judicial, en Diario Financiero.