“En los últimos meses hemos sido testigos de episodios bastante dolorosos, que nos recuerdan que las instituciones y las normas que las regulan no son infalibles”, dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aludiendo a la situación de la Corte y Fiscalía de Rancagua, en el seminario “Probidad en el Poder Judicial”, que organizó el Observatorio Judicial.

Señaló que la corrupción “puede estar oculta en prácticas habituales y normalizadas que las aceptamos en forma inadvertida, hasta que un hecho concreto nos habla de la existencia de debilidades institucionales significativas”.

De ese modo se introdujo al tema del encuentro, en el que afirmó que “las amenazas a la independencia judicial no solo vienen desde el exterior, sino que también existe una dimensión interna de la independencia judicial, que ha demostrado vulnerabilidades producto de normas y procesos que mantienen espacios de falta de transparencia y de mucha discrecionalidad, lo que importa particulares riesgos, tratándose de una institución jerarquizada”.

Indicó que además de la necesidad de transparencia, hay que hacer mejoras en los sistemas de supervisión y evaluación del desempeño de los magistrados.

Y fue a un tema de actualidad: la selección de sus integrantes y la supervisión de su ejercicio jurisdiccional, materias en las cuales está trabajando esa secretaría de Estado. Celebró, en esa línea, el reciente anuncio de la Corte Suprema en cuanto a autorregular medidas de transparencia de agenda y publicidad de documentos. Pero, dijo, “el desafío es consagrar algunas de estas directrices en la ley, lo que haremos, teniendo en cuenta que la actividad de los jueces debe, progresivamente, avanzar hacia una dedicación exclusiva a lo jurisdiccional”.

También manifestó que en la debilidad del actuar ético “se encuentra la raíz de los delicados problemas que nos aquejan en el ámbito institucional, cuestión que ha configurado una crisis de credibilidad y confianza ciudadana de envergadura”.