“El espectáculo ─dice Guy Debord─ no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”. Por ejemplo, Isabel Allende abrazando a Carmen Frei tras el fallo de primera instancia por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva es una escena que dice más que mil columnas. Mucho más que la sentencia, la imagen televisada de las hijas consuma una nueva plenitud de los tiempos, en que se funden la constatación de un pasado común, se diluyen las antiguas rivalidades y se renueva una alianza política un poco venida a menos. Como telón de fondo, una sentencia de 800 páginas abre más interrogantes de las que resuelve. Y detrás del telón, la figura borrosa de los condenados.

Los juicios se vuelven espectaculares cuando la sociedad los utiliza para tramitar sus tensiones y conflictos. Hace no mucho, políticos y voceros del mundo feminista acusaban de misógina a la Corte Suprema por recalificar el crimen contra Nabila Rifo de homicidio frustrado a lesiones gravísimas. Y poco antes, la muerte de Daniel Zamudio y el posterior juicio provocaron tal consternación que se terminó dictando una ley con su nombre. Lo que las audiencias televisivas vimos representado en el escenario de los noticieros fue una verdadera dramatización de la violencia contra la mujer y la homofobia, con sus protagonistas, antagonistas, víctimas y victimarios.

En este contexto, el deber del juez es idéntico al de cualquier juez en cualquier contexto: fallar conforme a derecho, ateniéndose a los hechos demostrados en el proceso. Es una tarea difícil. Ni las razones políticas, ni las implicancias sociales, ni la relevancia histórica del caso deben tener peso alguno a la hora de acreditar los hechos, encuadrar los tipos penales y establecer responsabilidades. Ninguna circunstancia autoriza a la justicia para quitarse la venda de los ojos. ¿Ha cumplido con su deber el juez Alejandro Madrid en el caso Frei? Es una pregunta que les toca responder a los penalistas y, sobre todo, a las instancias jurisdiccionales de revisión.

Si los ministros de las cortes revisoras se apartan de este ideal, habrán fallado por partida doble. En primer lugar, habrán incumplido sus deberes de independencia e imparcialidad, que son el primer estándar con que se mide a un juez. Pero, además, habrán traicionado precisamente aquello que justifica su participación en el espectáculo. Un juez que no se diferencia de los demás personajes hace una pobre actuación en el drama de la justicia.

En efecto, para que la justicia surta efecto ¬─y produzca certeza, reconciliación, paz social y todas las consecuencias que normalmente se le atribuyen─ se requiere que haya un proceso justo y objetivo. Es necesario que podamos decirles a los acusados de la muerte del ex Presidente no sólo que, analizadas las pruebas y las leyes que rigen el caso, hemos arribado a la conclusión de que son inocentes o culpables; sino también que habríamos llegado a esa misma conclusión, quienquiera hubieran sido la víctima o el victimario. Sin esto, la justicia se convierte en una parodia.

Y el espectáculo pierde su fuerza cuando nadie se lo toma en serio.