Introducción

El próximo 22 de abril, se reunirá el Pleno de la Corte Suprema en una audiencia pública que tendrá por objeto analizar cómo dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referido al caso “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile”.

Dicho fallo se dictó en mayo de 2014 y condenó al Estado chileno por violaciones de derechos humanos cometidas contra ocho comuneros mapuches, “debido a su procesamiento y condena por delitos terroristas, en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”[1].

En efecto, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a los comuneros Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Pailllalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, por hechos ocurridos en 2001 y 2002.

Consecuentemente, la CIDH ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto todas las condenas, lo cual comprende:

  1. dejar sin efecto la declaración de las ocho víctimas de este caso como autores de delitos de carácter terrorista;
  2. dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias, consecuencias y registros, a la mayor brevedad posible, así como las condenas civiles que se hayan impuesto a las víctimas; y
  3. disponer la libertad personal de las víctimas que aún se encuentren sujetas a libertad condicional.

Asimismo, el Estado deberá […] suprimir los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que existan en contra de las ocho víctimas en relación con las referidas sentencias, así como la anulación de su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con actos de carácter terrorista[2].

Pues bien, aunque el fallo fue dictado hace más de cuatro años, los miembros de la Corte Interamericana supervisan el cumplimiento de sus fallos y recordaron a las autoridades chilenas que, no obstante haberse indemnizado a los comuneros mapuches y borrados sus antecedentes penales, aún no se revocan las sentencias condenatorias.

En consecuencia, la Corte Suprema convocó la referida audiencia, en donde serán oídos los representantes del Ministerio Público, de la defensa de los comuneros mapuches, del Ministerio del Interior y de la Cancillería. En la misma convocatoria, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, reconoció que no existe un mecanismo legal para dejar sin efecto una sentencia. Por lo tanto, el objetivo de la audiencia es encontrar dicho mecanismo, lo cual eventualmente podría llevarse a cabo por medio de un autoacordado.

El presente informe tiene por objeto presentar cinco argumentos por los cuales la Corte Suprema debe desestimar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negándose a revocar las referidas sentencias condenatorias.

  1. La Convención Americana obliga al Estado de Chile como a un todo, y a la Corte Suprema sólo en el ámbito de sus atribuciones.

Según dispone el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Del texto de la citada disposición queda de manifiesto que quien se obliga a cumplir los mandatos de la CIDH es el Estado como un todo y no sólo una de sus ramas, como lo sería el Poder Judicial.

Precisando lo anterior, frente a las dudas de muchos Estados parte sobre qué rama del Estado debe cumplir con las obligaciones que emanan del Pacto de San José de Costa Rica, la CIDH ha dicho que “las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado”[3].

Con todo, en ningún caso puede pretender la CIDH determinar cómo se distribuyen estas obligaciones a nivel interno. La propia Convención Americana en su artículo 2 es clara en señalar que “los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Miremos, pues, lo que dice el derecho interno. En primer lugar, debemos subrayar que el presidente de la República es el jefe de Estado, conforme al artículo 24 de nuestra Constitución. Además, es el principal responsable de las relaciones internacionales del país, contando con múltiples atribuciones para llevar a cabo esta tarea. Por otra parte, en conjunto con el Congreso Nacional, la Constitución los autoriza para promover modificaciones legales, dentro de las cuales cabrían las medidas legislativas de que habla el artículo 2 de la Convención Americana.

Los tribunales de justicia, por su parte, tienen la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado (artículo 76 de la Constitución Política). Es en el ámbito de esta función que la Corte Suprema, al igual que todos los órganos del Estado, debe respetar y promover los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, tal y como lo establece el artículo 5 inciso segundo de la Constitución. Sin embargo, dicho deber debe cumplirse dentro de la competencia y conforme a los procedimientos que le ha fijado la ley, tal y como lo establecen los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Por lo tanto, cabría esperar una respuesta de los tres poderes del Estado, coordinada por el presidente de la República, en el que cada rama responda dentro de la esfera de sus atribuciones y respetando sus respectivos ámbitos de autonomía. Como ese no ha sido el caso, el intento de la Corte Suprema de buscar el modo de cumplir con la sentencia de la CIDH es comprensible. Sin embargo, la omisión del cumplimiento de sus obligaciones por parte de uno de los poderes del Estado no le da atribuciones a otro poder para cumplirlos en su lugar.

  • Nuestra legislación no contempla un procedimiento para revocar sentencias firmes por orden de la CIDH.

Como bien señala la propia Corte Interamericana,

Los Estados partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte[4].

El problema, por lo tanto, se reconduce a la pregunta sobre si existe algún procedimiento que permita revocar una sentencia firme dictada por los tribunales chilenos, en cumplimiento de lo ordenado por la CIDH. Sin embargo, no es posible encontrar en nuestro ordenamiento jurídico ningún recurso o procedimiento que se acomode a dicho objetivo.

Por un lado, uno de los requisitos para reclamar a la CIDH es que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, no pudiendo reclamarse si no se han interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna (artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). No puede sostenerse, por lo tanto, que la pura circunstancia de producir efecto de cosa juzgada impide que la CIDH analice las decisiones de los tribunales de justicia.

Pero, por otro lado, es claro que todo nuestro sistema recursivo está diseñado para dirigirse, por definición, contra resoluciones que no se encuentran firmes. En consecuencia, el reclamo ante la CIDH tiene una naturaleza muy distinta del de la regla general de los mecanismos de revisión entregados por nuestro sistema recursivo.

La única excepción es el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, en los hechos no se dan los presupuestos que permitirían la utilización de dicho camino. En efecto, el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil establece cuatro causales taxativas, bajo ninguna de las cuales cabría encuadrar la dictación de una sentencia por parte de la CIDH. En resumidas cuentas, estas causales son que la sentencia recurrida se apoya en documentos falsos (1); en testimonios falsos (2); si la sentencia se ha ganado en virtud de cohecho, violencia o maquinaciones (3); o si fue dictada contraviniendo otra sentencia firme (4). En este sentido, como bien señala Ignacio Ried, “la revisión no pretende expulsar del ordenamiento jurídico cualquier fallo considerado injusto o aberrante, sino solo aquellos que correspondan a alguna de las hipótesis taxativamente indicadas en la ley” [5].

            Ahora bien, lo que impide el camino del recurso de revisión no es tan solo el apego meramente formal al texto de la ley, sino que además el sentido mismo del recurso y de su naturaleza jurisdiccional. En efecto, como comenta Ignacio Ried respecto de un caso similar, en que la Corte Suprema se valió del recurso de revisión para implementar un fallo de la Corte Interamericana,

Realmente lo que hizo la Corte Suprema aquí no fue exactamente ejercer su función jurisdiccional, sino otra cosa. Como ya esbocé más arriba, aquí se trató de que el “Estado de Chile” acatara la orden de un tribunal internacional. Y esto es profundamente disonante con el ejercicio de la función jurisdiccional, que está llamada a aplicar caso a caso, en sus propios términos, la ley y resolver el conflicto traído por los justiciables. Esa aplicación caso a caso no parece ser compatible con el acatamiento de órdenes de tribunales foráneos ─por muy loables que sean sus intenciones─ ya que implica el cumplimiento de ciertas directrices, con el evidente sacrificio de los intereses en juego.[6]

Lo anterior es grave porque supone que la Corte Suprema instrumentalizaría un caso para resguardar la responsabilidad internacional de Chile, en circunstancias que su deber es resolverlo en su propio mérito y conforme al derecho vigente. De este modo, en vez de resolver una controversia, la Corte Suprema utilizaría un recurso procesal para cumplir una orden internacional, lo cual se aleja completamente de su función jurisdiccional.

Por supuesto, nada de esto obsta a que los órganos democráticos constitucionalmente habilitados para llevar a cabo esta tarea tomen el problema en sus manos, reformando nuestro sistema recursivo si así lo estiman conveniente.

  • La Corte Suprema no puede regular el procedimiento para cumplir el mandato de la CIDH por medio de un autoacordado.

No habiendo un procedimiento para que la Corte Suprema anule una sentencia en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana, se ha sugerido la posibilidad de dictar un autoacordado regulando dicho procedimiento.

Dicha posibilidad fue objeto inmediato de crítica y con buenas razones. En primer lugar, el artículo 63 número 3 de la Constitución Política establece que la codificación procesal es una materia exclusiva del legislador. Por lo tanto, no podría regularse por medio de un autoacordado.

Lo anterior es grave, toda vez que la propia Constitución autoriza a impugnar la constitucionalidad de los autoacordados (artículo 93 Nº2). Si ─como lo han anunciado ya─ un grupo de parlamentarios decide utilizar esta herramienta, se arriesga producir un desencuentro entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, lo cual sería, a todas luces, un efecto muy indeseado.

Por último, conviene recalcar que la sola sugerencia de resolver el problema por medio de la dictación de un autoacordado, supone un reconocimiento implícito de que el legislador no ha contemplado la anulación de decisiones firmes en cumplimiento de una sentencia internacional. Ello reafirma la tesis de que la Corte Suprema no está facultada para tal revocación y debe abstenerse de hacerlo.

  • La CIDH no tiene competencia para solicitar la revocación de un fallo.

El artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece las facultades de la CIDH posteriores a la constatación de que hubo una violación a los derechos humanos:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De la sola lectura del texto se sigue que la competencia de la CIDH tiene por objeto que la persona pueda seguir gozando del derecho o la libertad vulnerados y, cuando el daño ya se ha ocasionado, que se repare la situación y se pague una indemnización. En palabras de Vittorio Corasanitti, “el artículo 63 declara que la Corte Interamericana puede dictar tanto indemnizaciones de naturaleza económica como otras formas de reparación, consagrando de esta forma el principio de restitutio in integrum de los derechos lesionados”.

Precisando lo anterior, el artículo 68.2 señala que “la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.

Como puede verse, en ninguna parte de las disposiciones de la Convención aparece que la CIDH tenga la facultad de anular el acto o decisión de la autoridad que generó la infracción, ya sea un acto administrativo, legislativo o una sentencia judicial. Únicamente, puede ordenar que se ponga fin a la vulneración y se proceda a una reparación. En palabras de Víctor Manuel Rodríguez Rescia:

No obstante, en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana, si bien se dan las dos primeras características (ser obligatorias y definitivas), es lo cierto que la no ejecutividad no podría verse en forma absoluta debido a la existencia de una obligación convencional clara en cuanto a la ejecuci6n de los fallos de ese tribunal que dispongan indemnizaciones compensatorias. Mediante esa obligación los Estados ratificantes se comprometen a ejecutarlos por medio de los procedimientos internos ya existentes para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68.2 de la Convención Americana). El problema de la no ejecutividad de los fallos de la Corte Interamericana sí se presentaría en aquellas sentencias donde se establezcan obligaciones al Estado demandado que no representen reparaciones propiamente hablando. A este respecto, es casi unánime la doctrina en el sentido de que los tribunales internacionales de Derechos Humanos no tienen competencia para derogar una ley, anular un acto administrativo, casar una sentencia judicial, etc., que estime contrarios a los convenios correspondientes. Por ello es que se dice que se trata de sentencias declarativas, cuyo objeto es declarar si se ha violado o no un convenio internacional.[7]

Habida cuenta de lo anterior, perfectamente la Corte Suprema puede argumentar que la CIDH se ha extralimitado en sus atribuciones, solicitando la anulación de una sentencia judicial, en circunstancias que la Convención Americana no la habilita para ello y que el derecho interno no contempla mecanismos para hacer valer esta disposición. En consecuencia, nuestro tribunal superior puede dar por cumplidas nuestras obligaciones internacionales, desechando el pretendido deber de revocar las referidas sentencias.

  • La revocación de la sentencia no producirá ningún efecto reparativo.

Como corolario del punto anterior, debe recalcarse que, encontrándose cumplidas las condenas de los comuneros mapuches, la revocación de la sentencia no puede producir ningún efecto reparativo.

En efecto, la Corte Suprema ya ordenó el pago de las indemnizaciones respectivas y eliminó las anotaciones penales de los ocho involucrados, además de otras medidas reparativas contenidas en la sentencia de la CIDH.

Si las penas estuvieran cumpliéndose, la revocación de las sentencias podría tener el efecto de evitar que se siga produciendo la vulneración de los derechos y las libertades conculcadas. Pero, ¿qué beneficio puede tener para los involucrados la revocación de una sentencia condenatoria cuyas penas ya están cumplidas y cuyos efectos ya han sido reparados?  

En este contexto, la revocación de la sentencia sólo puede producir dos efectos virtuales. Uno es desarticular el normal funcionamiento de nuestro sistema, forzando a la Corte Suprema a revocar un fallo firme y ejecutoriado, sin contar con las facultades ni con un procedimiento adecuado para ello. Eventualmente, la Corte Suprema podría dictar un autoacordado regulando la manera de proceder en estos casos, para lo cual tampoco tendría facultades. En suma, la sentencia de la CIDH habrá generado desajuste completo de nuestro sistema de derecho interno, sin consulta a los órganos democráticos constitucionalmente habilitados para hacer las modificaciones pertinentes, y sin ningún efecto reparatorio visible para los comuneros mapuches.

El segundo efecto virtual imaginable es de carácter simbólico, en cuanto que es natural que los comuneros mapuches busquen la anulación de una sentencia condenatoria dictada como conclusión de un proceso que, conforme a lo señalado por la CIDH, se llevó a cabo con infracción de las garantías procesales fundamentales. Más allá de los consideraciones constitucionales y legales, se trata de un objetivo comprensible y que debe ser juzgado en su propio mérito, conforme a criterios políticos y de justicia material.

Con todo, como todas las autoridades del orden constitucional, la Corte Suprema no puede actuar más allá del ámbito de sus atribuciones legales. En consecuencia, no puede revocar las sentencias condenatorias buscando producir un efecto simbólico, sin estar habilitada para ello. Todo lo cual no implica que otras autoridades, como el presidente de la República y el Congreso Nacional, no puedan llevar a cabo una reflexión más profunda sobre el asunto, buscando mecanismos para solucionar el problema, salvando la responsabilidad internacional de Chile sin generar un desajuste en el ordenamiento jurídico nacional.


[1] Sentencia de la CIDH en “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile”, de 29 de mayo de 2014, considerando 1.

[2] Ídem, considerando 442.

[3] Sentencia de la CIDH en “Ivcher Bronstein vs. Perú” de 24 de septiembre de 1999, considerando 37.

[4]Ídem.

[5] Ried, Ignacio, “Revisión de la Corte Suprema de las sentencias de la causa rol 1-73 “Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros” en cumplimiento de lo ordenado por la CIDH”, en Sentencias Destacadas 2016, Instituto Libertad y Desarrollo, 2017, página 309.

[6] Ídem.

[7] Rodríguez Rescia, Víctor Manual, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Investigaciones Jurídicas SA, Costa Rica, 1997, página 20.