Publicación: El Mercurio
Señor Director:
El miércoles, en el Senado, ocurrirá un hecho inédito: su presidente, el senador Carlos Montes, ha citado a una sesión para «analizar las implicancias que tienen para el Parlamento, en sus competencias, las recientes sentencias del Tribunal Constitucional». A la sesión ha sido invitado, entre otros, el propio presidente del Tribunal Constitucional.
La sesión no solo pone en entredicho el texto de la Constitución, que prohíbe al Congreso «revisar los fundamentos o contenidos» de las resoluciones de los tribunales. También rompe con esa antigua máxima no escrita, pero tan republicana, en virtud de la cual los poderes políticos no comentan los fallos, sino que los cumplen. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Que el Senado o la Cámara se reúnan a comentar los fallos de la Corte Suprema o del Tricel?
Es obvio que no se trata de una sesión para acoger los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Es, por el contrario, una señal de amedrentamiento a la que el Senado en su conjunto no debiera prestarse. La separación de poderes y el respeto por que las instituciones funcionen desaconsejan realizar tal sesión.
José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial