“Hasta el año 2012, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran prácticamente desconocidas. Todos los operadores del sistema parecían entender que los funcionarios públicos no podían recurrir a la justicia laboral y debían dirigirse a la Contraloría General de la República. Pero en 2013, sin mediar cambio regulatorio alguno, se produjo una explosión de causas”. Así comienza un análisis del Observatorio Judicial, respecto a las implicancias que ha tenido para el Fisco el explosivo aumento de causas laborales de trabajadores del sector estatal.

El informe, titulado “Funcionarios públicos en la justicia laboral: ¿Qué hacen tan lejos de la Contraloría?”, analizó las sentencias dictadas por los juzgados del trabajo relacionadas con funcionarios públicos entre 2010 y 2018.

De acuerdo al informe, hasta 2013 los pronunciamientos en la justicia laboral eran prácticamente inexistentes. Pero el escenario cambió en 2014, cuando se observó un aumento relevante en el número de sentencias, el cual alcanzó su tope en 2016, con 118.

Entre 2010 y 2018, los fallos que acogieron las reclamaciones de funcionarios públicos significaron para el Fisco un costo de $ 1.308 millones.

Imagen foto_00000001
Elaboración Diario Financiero a partir de datos del Observatorio Judicial

Revisar nota completa aquí