Señor Director:

Detrás de la tensión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional subyace una lucha por la hegemonía del control constitucional. En efecto, aún resuena el lamento de la Corte por haber perdido la facultad de revisar la inaplicabilidad de leyes en la reforma del 2005, competencia que fue entregada al Tribunal Constitucional.

Amparados en la amplitud de garantías constitucionales, tales como, el derecho a la vida y la igualdad ante la ley; y sumado a la formula abierta de “restablecer el imperio del derecho”, la Tercera Sala ha transformado al recurso de protección, desde una acción cautelar, en una acción de revisión constitucional. Basta recordar lo que ocurre en materias de salud y medio ambiente.

Este proceso de hegemonía constitucional, por parte de la Corte Suprema, puede alcanzar su culminación si acoge el actual recurso de protección interpuesto por la Confederación de Funcionarios Municipales contra la sentencia del Tribunal Constitucional, la que declaró inaplicable la tutela laboral para los empleados públicos. El fallo en que la Tercera Sala revocó la decisión de inadmisibilidad del recurso es inquietante.

¿Qué ocurrirá si la Corte Suprema acoge la acción de protección y declara inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿A quién seguiremos a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional? ¿Pasará el Tribunal Constitucional a ser un juzgado de primera instancia? La tramitación de dicha acción es muy delicada, por las consecuencias institucionales que acarrea. Lo anterior no puede dejar indiferente a la ciudadanía, académicos y juristas.

Juan Francisco Cruz Salas

Observatorio Judicial