Hoy está previsto que se reúna el Pleno de la Corte Suprema para analizar cómo dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó dejar sin efecto el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Angol que condenó a Aniceto Norín Catrimán y otros siete comuneros, la mayoría por delitos terroristas, pues según se estimó, se habría vulnerado el debido proceso.

Al respecto, el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, elaboró un informe que explica cinco razones por las que, según esa institución, se debiese rechazar el mandato de la CIDH.

En primer lugar, el texto indica que la Convención Americana obliga al Estado de Chile como un todo y a la Corte Suprema sólo dentro del ámbito de sus atribuciones, es decir “dentro de la competencia y conforme a los procedimientos que le ha fijado la ley”, dice el texto, aludiendo a los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Agrega que la legislación chilena no contempla un procedimiento para revocar sentencias firmes por orden de esa corte internacional.

En tercer lugar, afirma, la Corte Suprema no puede regular el procedimiento para cumplir el mandato de la CIDH por medio de un autoacordado.

La Corte Interamericana —añade el documento—, no tiene competencia para pedir la revocación de un fallo.

En quinto lugar, el informe explica que “la revocación de la sentencia no producirá ningún efecto reparativo”, pues las condenas ya se cumplieron y la Corte Suprema “ya ordenó el pago de las indemnizaciones respectivas y eliminó las anotaciones penales de los involucrados”.

En tanto, uno de los abogados de los condenados, Myriam Reyes, comentó que “efectivamente no existe un mecanismo legal que regule el cumplimiento de estos fallos”, pero que la pregunta es “si la institucionalidad chilena da el ancho para efectos de cumplir un fallo de carácter internacional. La respuesta es que sí debe cumplir, porque Chile no se obligó a cuestiones imposibles, se sometió al imperio de la Corte Interamericana. Y eso se debe hacer por la vía de anular el fallo”.

Revisa el informe completo: Cinco razones para rechazar el mandato de la CIDH