Buenas tardes.  Es muy honroso para mí estar aquí con ustedes, en el lanzamiento de esta nueva institución, el Observatorio Judicial, para analizar el rol del juez en una sociedad libre.  Antes de hacerlo, debo subrayar que las ideas que presentaré son personales y no comprometen de ninguna manera al Tribunal Constitucional del Perú.

Considero necesario empezar por aclarar qué entiendo por una sociedad libre.  Diría, simplemente, que una sociedad libre es aquella en la que se respeta la capacidad de las personas para decidir qué hacer con sus vidas.  Una sociedad libre incluye, por tanto, libertades económicas y libertades políticas.

Las libertades económicas se refieren a la disposición de los recursos productivos.  Su base institucional está dada por los derechos de propiedad y la libertad contractual.  Hay libertades económicas allí donde aquellos y esta no están agobiados, amenazados o sofocados por impuestos o regulaciones exhorbitantes.

Las libertades políticas, en cambio, se refieren a tener elecciones competitivas recurrentes y respetar las libertades civiles —sobre todo, la libertad de expresión.  Su base institucional, por tanto, es el derecho constitucional.  Hay libertad política allí donde no existen restricciones a la prensa ni interrupciones al proceso democrático.

Existen diferencias importantes entre unas y otras libertades, debido a la naturaleza de las cuestiones a las que aluden.  Las libertades económicas se ejercen cotidianamente, día a día, mientras que las libertades políticas —al menos, las que se manifiestan en el ámbito electoral— se practican en ocasiones extraordinarias, de vez en cuando.

Más importante todavía, las libertades económicas se refieren a relaciones sociales horizontales.  En cambio, las libertades políticas tienen que ver con relaciones sociales verticales.  Ello hace que no todo lo que valga para una esfera de libertades tenga que valer para la otra.

El libre acceso al mercado, por ejemplo, siempre es bueno; en cambio, el libre acceso a la política no necesariamente lo es.  Las democracias estables están estructuradas a base de partidos y sistemas de partidos que, inevitablemente, acotan el acceso a la competencia política.  Giovanni Sartori ha explicado las razones por las que esto tiene que ser así.

A pesar de estas importantes diferencias entre las libertades económicas y las libertades políticas , todas ellas comparten la creencia en la capacidad de las personas para tomar decisiones y responder por ellas.  Esta creencia es el punto de partida de una sociedad libre.

Así definida la sociedad libre, ¿qué rol corresponde al juez para alcanzarla?  A mi criterio, uno fundamental: afirmar el estado de Derecho, a través de una correcta administración de justicia.  James Madison, el principal autor de la Constitución de los Estados Unidos de América, afirmó categóricamente en El Federalista 51:

La justicia es el fin del gobierno.  Es el fin de la sociedad civil.  Siempre se ha buscado la justicia y siempre se la buscará hasta que se la obtenga o hasta que se pierda la libertad en esta búsqueda.

En síntesis, este es el rol del juez en una sociedad libre: administrar justicia, “hasta que se la obtenga o hasta que se pierda la libertad en esta búsqueda”.  Para ello, en esencia, el juez debe cumplir dos requisitos: en cuanto al fondo, ser fiel a la ley; en cuanto a la forma, aplicarla con prudencia.

El primer requisito que debe cumplir un juez en su labor jurisdiccional es ser fiel a la ley.  El juez debe aplicar la ley apegándose a su texto, así sea contrario a sus propias ideas respecto a lo que debe ser.  El juez debe recordar siempre que no tiene facultades ni legitimidad para legislar.

La necesidad de interpretar la ley para aplicarla no debe ser una coartada para que el juez imponga sus puntos de vista o valores.  Si lo hace, estará abusando de la posición que ocupa, transmitiendo la inseguridad que conlleva la usurpación del poder y debilitando el estado de Derecho.

El Checklist del estado de Derecho de la Comisión de Venecia desagrega este concepto en los cinco componentes siguientes: 1. legalidad; 2. certeza jurídica; 3. prevención del abuso del poder; 4. igualdad ante la ley y no discriminación; y, 5. acceso a la justicia.  El apego del juez al texto de la ley supone cumplir con los tres primeros.

Ciertamente, conceptos como el de la autonomía procesal de las cortes constitucionales nos alejan del estado de Derecho.  Incluso los mejores jueces son vulnerables al efecto nocivo de los incentivos materiales y el poder.  Por esa razón, es mala idea pedirle a cualquier persona que determine los límites de sus propias competencias y poderes.

Más bien, los jueces deben respetar el debido proceso, es decir, las reglas procesales preestablecidas por la ley: etapas, plazos, recursos, etcétera.  El debido proceso representa un valor absoluto para la administración de justicia; no puede ser él relativizado de ninguna manera.

Una sociedad libre —tanto en su dimensión política como en su dimensión económica— requiere de un gobierno limitado.  Para los jueces, esto supone el deber de respetar el principio de separación de poderes y su consiguiente esquema de pesos y contrapesos.

La separación de poderes es un medio para lograr el fin del equilibrio de poderes.  Empero, en una Constitución bien diseñada, la administración de justicia es primus inter pares, prevalece sobre los poderes elegidos —Legislativo y Ejecutivo—, como lo revela su facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos de gobierno.

Los jueces deben estar a la altura de esta responsabilidad.  Para ello, en su labor jurisdiccional, deben cumplir también con el segundo requisito que mencioné: aplicar la ley con prudencia.  ¿Cómo se materializa la prudencia en la actividad jurisdiccional?  ¿En qué consiste ser prudente?

Un punto de partida es reconocer los límites de los conceptos y las teorías que se desprenden de las leyes.  Estos conceptos y teorías son necesarios para resolver casos, tanto si son sencillos como si son difíciles.  Las leyes pueden cambiar mucho, pero los conceptos y teorías que contienen no cambian apenas.

Empero, los jueces deben tener claro que los conceptos y las teorías no los exoneran del estudio minucioso y detallado de los datos de la realidad que contiene cada caso: las alegaciones de las partes, las circunstancias que han rodeado la configuración de la disputa, etcétera.

A los jueces nos gusta citar, de manera auto-complaciente, la máxima latina iura novit curiae, pero no nos gusta tanto añadir lo que viene a continuación, venire factum.  El juez conoce el Derecho, pero está obligado a estudiar los hechos propios de cada caso.  Ciertamente, los hechos no suelen ser serviciales sino rebeldes frente a la teoría.

Goethe decía:

Gris es toda teoría, mi caro amigo,

y verde el árbol de oro de la vida.

La atención al caso requiere que el juez no se explaye en circunloquios ni obiter dicta en las resoluciones sino que se esfuerce en identificar los hechos relevantes para resolver el caso.  Esta concentración en lo concreto requiere humildad.  El rol del juez es diferente al del profesor y, si dicta cátedra, lo hace con sus acciones no con sus palabras.

Por demás, al concentrarse en lo concreto, el juez estará satisfaciendo el requisito de certeza jurídica, que forma parte del concepto de estado de Derecho.  Por el contrario, si se distrae en circunloquios y obiter dicta, estará introduciendo o aumentando la confusión en el sistema normativo.

Así, si se las entiende correctamente, la justicia y la libertad no se contraponen.  A ello se refería Kant cuando aseguraba que el orden moral —tallado en el corazón humano— tiene una estructura simétrica.  La búsqueda de la realización de la justicia puede y debe reforzar la vigencia de la libertad.

Incluso, la definición clásica de la justicia, de Ulpiano, supone el reconocimiento de la propiedad, que es la institución fundamental de defensa de la libertad:

La justicia es darle a cada quien lo suyo.

Evidentemente, no es posible cumplir esta tarea sino se reconoce, primero, que cada quien tiene algo que le pertenece: no solo determinados bienes —ello es, en última instancia, secundario— sino, principalmente, su conducta y esfuerzo.  Por eso, en uno de sus pasajes más emocionante, Don Quijote le dice a Sancho:

Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.

En la vida, sin duda, hay un factor importante que no depende de nosotros.  Algunos le llaman suerte; otros, circunstancias.  Sin embargo, como decía José Ortega y Gasset,

Yo soy yo y mis circunstancias.

Yo —mi ánimo y mi esfuerzo— están por delante de dicho factor, que podrá condicionar pero nunca determinar mi vida.

Por demás, la justicia es un atributo que corresponde a la dimensión social del hombre, mientras que la libertad es uno propio de su individualidad.  La acción humana es libre y la interacción humana debe ser justa.  Al serle inherente la sociabilidad, sin ámbargo, el hombre requiere tanto de una como de la otra.

Por supuesto, siendo la sociabilidad y la individualidad interdependientes, puede hablarse también de un hombre justo y de una sociedad libre.  Hombre justo es aquel que, en su trato con los demás, les reconoce lo suyo.  Sociedad libre, repito, aquella en la que se respeta la capacidad de las personas para decidir qué hacer con sus vidas.

Si los jueces satisfacen estos dos requisitos —ser fieles a la ley y aplicarla con prudencia—, contribuirán a que estos dos valores, la libertad y la justicia, se emparejen adecuadamente.  Una sociedad libre supone una administración de justicia correcta, a cargo de jueces conscientes de sus altas responsabilidades.

Confío en que esta nueva institución, el Observatorio Judicial —que nace con la finalidad de darle retroalimentación a los jueces respecto del cumplimiento de sus tareas—, les ayude a hacerlo mejor e inspire proyectos semejantes en toda la región.

Muchas gracias.