Introducción

El pasado doce de agosto se conformó la quina con los distintos candidatos para ocupar la vacante del ex ministro don Héctor Carreño Seaman. La nómina fue presentada al Presidente de la República, quien deberá elegir a un postulante y requerir su posterior aprobación al Senado. ¿Quiénes son los magistrados que fueron seleccionados por el Máximo Tribunal para correr la recta final?  

El presente informe busca entregar algunas luces. Para ello, se analizaron los resultados de las votaciones para la configuración de la quina, los perfiles judiciales y profesionales de los postulantes, y su actividad judicial durante el año 2018. El informe cuenta con tres apartados. El primero expone brevemente las normas que rigen el nombramiento de los ministros del Tribunal Supremo, el segundo muestra cómo votaron cada uno de los ministros de la Corte Suprema para conformar la quina, buscando patrones de votación y posibles bloques de apoyo a los distintos postulantes y el tercer apartado muestra un perfil de los jueces seleccionados, utilizando como base los antecedentes acompañados por los postulantes al concurso[1].

  1. Marco normativo

El artículo 78 de la Constitución regula la elección de los integrantes de la Corte Suprema, estableciendo que los ministros del Máximo Tribunal deben elaborar una quina que es entregada al Presidente de la República. Luego, el Presidente debe elegir a uno de los candidatos de la quina y presentarlo al Senado, el cual debe ratificar el nombramiento por dos tercios de los senadores en ejercicio.

La conformación de la quina se realiza mediante un concurso público, en el cual los candidatos entregan sus antecedentes curriculares y exponen en una audiencia pública. Luego, en una audiencia, los ministros de la Corte Suprema proceden a votar por los distintos postulantes. Cada ministro vota por tres candidatos. Así, la quina se conforma con los cinco candidatos con más votos, ésta es comunicada por un oficio al Presidente de la República, quien hace la elección del candidato y presentar su decisión al Senado.

  • Votaciones del pleno de la Corte Suprema

El doce de marzo, el pleno de la Corte Suprema votó por los distintos postulantes, con los siguientes resultados: Roberto Contreras Olivares: 10 votos; Miguel Vázquez Plaza: 9 votos; Leopoldo Llanos Sagristá: 8 votos; Mario Carroza Espinosa: 7 votos; y Sergio Mora Vallejo: por derecho propio[2].


La siguiente tabla muestra cómo votó cada uno de los actuales jueces del Máximo Tribunal para conformar la quina. Los colores marcan los núcleos de votación, es decir, los grupos de ministros que coincidieron en, al menos, dos integrantes de la quina.

En la presente votación se observan tres grupos. El primer núcleo, y más numeroso, está conformado por los ministros Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, M. Eugenia Sandoval, y Rosa María Maggi  quienes votaron por los candidatos Roberto Contreras y Mario Carroza.              

               El segundo núcleo está compuesto por los ministros Carlos Künsemüller, Rosa Egnem, J. Eduardo Fuentes, y Calos Aránguiz, los cuales coincidieron en los postulantes Roberto Contreras y Miguel Vázquez.

               El tercer núcleo lo integran los jueces Haroldo Brito, Guillermo Silva, y Mauricio Silva quienes votaron por Leopoldo Llanos y Miguel Vázquez.

  1. Carrera judicial y profesional de los postulantes

I. ROBERTO IGNACIO CONTRERAS OLIVARES

A) Antecedentes personales: 64 años, abogado Universidad Católica de Valparaíso, actualmente ejerce como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel; cargo que ocupa hace 16 años. No registra sanciones disciplinarias y su calificación promedio de los últimos tres años es de 6,71 (sobresaliente). Respecto a parentescos en el Poder Judicial su cónyuge es 1º administrativa del 2º Juzgado de Familia de Santiago, y su sobrina es jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar. En cuanto actividad gremial fue director de la Asociación Nacional de Magistrados. Ha organizado y expuesto en numerosos seminarios y cursos, además de contribuir con publicaciones jurídicas en revistas y diarios.

B) Carrera Judicial:

1 Oficial 4º 3º Juzgado del Crimen de Valparaíso 1983
2 Oficial 2º 3º Juzgado del Crimen de Valparaíso 1986
3 Secretario titular 2º Juzgado de Letras de San Felipe 1988
4 Juez titular Juzgado de letras de Calera 1989
5 Relator titular Corte de Apelaciones de Valparaíso 1990
6 Juez titular 3º Juzgado del Crimen de Valparaíso 1994
7 Relator titular Corte Suprema 1988
8 Ministro titular Corte de Apelaciones de San Miguel 2002
9 Presidente Corte de Apelaciones de San Miguel 2008

C) Actividad Judicial año 2018: 74 fallos redactados.

D) Fallos judiciales destacados:

1.- Sentencia rol nº 210-2016, 28 de julio del año 2016, I.C.A. San Miguel: recurso de nulidad laboral por accidente laboral y carga de la prueba.

“Que debe considerarse al tenor de las reglas legales atingentes que al empleador la corresponde la obligación de mantener las condiciones de higiene y seguridad en las faenas de sus trabajadores, como también tener los implementos necesarios para evitar o prevenir accidentes o enfermedades profesionales de acuerdo a lo que señala el ya citado artículo 184 del Código del Trabajo. En ese marco legal, aquella obligación es una fundamentalmente ínsita en todo contrato de trabajo, como carga del empleador, y consiste en adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en el lugar del trabajo o con ocasión de él, se produzca un evento que afecte la vida, integridad física o psíquica, o la salud del trabajador. Es así como, el incumplimiento de aquella exigencia al empleador se entiende producida cuando ocurre un accidente del trabajo, ya sea porque no se habían empleados las medidas de seguridad pertinentes o porque las adoptadas no fueron suficientes o eficaces, surgiendo entonces el deber de reparación”.

2.- Sentencia rol nº 1.804-2018, 3 de enero de 2019, I.C.A. San Miguel: demanda de prescripción existintiva sobre derechos de aseo domiciliario que cobra las municipalidades.

“Por tanto, es dable admitir que en materia de derechos municipales de aseo domiciliario, la prescripción extintiva de su cobro, se regula por la norma contenida en el artículo 2521 del Código Civil que establece que prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de “toda clase de impuestos”, expresión amplia que, por su fecha de redacción, evidentemente no consideró las diferentes categorías conceptuales que la doctrina tributarista incorporó después al distinguir distintos tipos de impuestos”.

II. MIGUEL EDUARDO VÁZQUEZ PLAZA

A) Antecedentes personales: 66 años, abogado de la Pontificia Universidad Católica, actualmente ejerce como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; cargo que ocupa hace 7 años. No registra sanciones disciplinarias y su calificación promedio de los últimos tres años es de 6,70 (sobresaliente). Respecto a parentescos en el Poder Judicial su cónyuge es fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua y su hijo es Administrador del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Ha ejercido como docente en diversas áreas del derecho (Civil, Minero, Procesal), y en distintas instituciones tales como: Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Mayor.

B) Carrera Judicial:

1 Juez titular Juzgado de Letras de Andacollo 1980
2 Juez titular 2º Juzgado de Letras de Ovalle 1983
3 Juez titular 1º Juzgado de Letras de la Serena 1988
4 Ministro titular Corte de Apelaciones de Arica 1996
5 Ministro titular Corte de Apelaciones de Rancagua 2004
6 Ministro titular Corte de Apelaciones de Santiago 2011

C) Actividad judicial año 2018: 85 fallos redactados.

D) Fallos judiciales destacados:

1.- Sentencia rol nº 86.873-2018, 12 de abril de 2019, I.C.A. Santiago: recurso de protección impuesto contra un banco que se negó a restituir los fondos a una cuenta correntista que fue víctima de un fraude informático.

“Que, de este modo, aun cuando el hecho se haya ejecutado mediante el uso irregular de los datos y claves bancarias personales de la actora, lo sustraído es dinero, bien fungible que se confunde con otros de igual poder liberatorio, con lo que resulta no sólo jurídica sino físicamente imposible sostener y menos acreditar la exacta identidad de las especies sustraídas mediante el fraude perpetrado a través de la cuenta bancaria de la recurrente, circunstancia que lleva a concluir que en definitiva el único y exclusivo afectado por el engaño referido es el banco recurrido, dada su calidad de propietario del dinero depositado, en quien recae finalmente el deber de eficaz custodia material de éste, debiendo adoptar, al efecto, todas las medidas de seguridad necesarias para proteger adecuadamente el dinero bajo su resguardo.

“Que, establecido lo anterior, no queda más que concluir que el actuar de la recurrida debe ser calificado como ilegal y arbitrario, puesto que al no asumir el perjuicio económico trasladando los efectos del fraude bancario a la actora, afecta directamente al patrimonio de ésta, vulnerando así el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental”.

2.- Sentencia rol nº 4.028-2017, 27 de marzo de 2019, I.C.A. de Santiago: Sentencia en que se condenó a la Iglesia Católica a indemnizar por daño moral a las víctimas de Fernando Karadima.

“Que, en concordancia con lo expresado en los razonamientos anteriores, en el caso que nos ocupa el daño moral resulta manifiesto, pero es preciso consignar que el que se debe indemnizar está referido exclusivamente al hecho propio de la Iglesia y no a los abusos de orden sexual que sobre las victimas ejerció el sacerdote Fernando Karadima Farina, pues dicho daño está referido a la demanda subsidiaria por el hecho del dependiente, lo que no es materia de esta determinación. Así las cosas, este daño se fija en la suma de $100.000.000.- (cien millones de pesos) para James Hamilton Sánchez, $100.000.000.- (cien millones de pesos) para José Andrés Murillo Urrutia y $100.000.000.- (cien millones de pesos) para Juan Carlos Cruz Chellew”.

III. LEOPOLDO LLANOS SAGRISTÁ

A) Antecedentes curriculares:  67años, abogado Universidad de Concepción, actualmente ejerce como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; cargo que ocupa hace 7 años. No registra sanciones disciplinarias y su calificación promedio de los últimos tres años es de 6,70 (sobresaliente). Respecto a parentescos en el Poder Judicial su hijo es juez del Juzgado de letras y Garantía de Laja; su cuñado es Oficial del º Juzgado Civil de Temuco; y su sobrina es Oficial del 4º Juzgado de Letras y Garantía de Lota. En cuanto actividad gremial fue presidente y director de la Asociación Nacional de Magistrados. Ha participado como docente y tutor en la Academia Judicial capacitando en materias penales a jueces de jurisdicciones del sur. Es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Temuco y en la Universidad Mayor de la misma ciudad.  El 2003 publicó el Síntesis del nuevo procedimiento penal, bajo la editorial Ediciones jurídicas de Santiago.

B) Carrera judicial:

1 Secretario
titular
Juzgado de Letras de Angol 1981
2 Secretario
titular
3º Juzgado de Letras de
Los Ángeles
1982
3 Juez titular Juzgado de Letras y Familia
Nueva Imperial
1982
4 Relator titular Corte de Apelaciones de Temuco 1987
5 Juez titular 1º Juzgado Civil de Temuco 1994
6 Ministro titular Corte de Apelaciones de Temuco 1998
7 Ministro titular Corte de Apelaciones de Santiago 2012
8 Presidente Corte de Apelaciones de Temuco 2000 y 2008

C) Actividad judicial año 2018: 91 fallos redactados.

D) Fallos judiciales destacados:

1.- Sentencia rol nº 42.095-2018, 6 de septiembre de 2018: recurso de protección en contra de la Isapre Cruz Blanca, por negarse a dar cobertura al medicamento nivolumab.

“Que debe tenerse también presente que el derecho a la protección de la salud es integral y está vinculado con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, de lo cual deriva que la interpretación de las normas que se refieren dichos derechos constitucionales debe hacerse en favor de las personas cuya salud se encuentra en riesgo. Así las cosas, la decisión de la recurrida en orden a no otorgar la cobertura solicitada aparece carente de racionalidad y de fundamento, más aún cuando la propia Isapre, a través de su Comité Técnico Médico, había determinado otorgar cobertura de excepción para la administración de Nivolumab por 3 ciclos, expresando que en caso de requerir mantención del tratamiento, se puede solicitar nueva autorización junto con un informe médico que respalde la indicación;

“Que por lo anteriormente dicho, la negativa de la Isapre recurrida en orden a otorgar al recurrente la cobertura del medicamento recomendado como necesario por el médico tratante para impedir el avance de la grave enfermedad que padece (cáncer con metástasis), constituye un acto arbitrario que vulnera el derecho constitucional a la vida e integridad física del actor”.

2.- Sentencia rol nº 490-2016, 8 de julio 2016, I.C.A. Santiago: infracción a la ley del consumidor por no publicar el stock disponible del producto.

“Que la circunstancia de haberse efectuado una publicación en la prensa, ofreciendo una promoción de un número determinado de productos, para decidir a los consumidores a adquirir los productos ofertados, bajo la frase “o hasta agotar stock”, no permite tener certeza ni claridad de la oferta realizada, ya que al no contar con la información actualizada sobre el stock disponible, puede no existir el producto al momento de hacer efectiva la compra, en circunstancias, que conforme a la norma legal, el proveedor debe cumplir con el ofrecimiento realizado. Es decir, no se informa las condiciones objetivas que debe conocer el consumidor para acceder a la promoción, transformándose en una promoción incierta;

“Que de modo que al no existir una información comprobable y actualizada respecto de la información entregada por la denunciada, se vulneran las disposiciones citadas, normas que atienden a que el propio consumidor pueda determinar, por sí mismo, si puede acceder o no a la promoción, presupuesto que no se da, al quedar sujeto a una condición de disponibilidad de stock del producto ofrecido;

“Que la denunciada al no informar, a través del medio periodístico, claramente, las bases y condiciones bajo las cuales se puede hacer exigible la promoción u oferta, quedando sujeta a una condición, deja al consumidor en una situación de incertidumbre, ante la imposibilidad de comprobar el stock del producto promocionado, quedando al entero arbitrio del proveedor la determinación de concretarse o no la promoción”.

IV. MARIO CARROZA ESPINOSA

A) Antecedentes curriculares: 68 años, abogado Universidad de Chile, actualmente ejerce como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; cargo que ocupa hace 12 años. No registra sanciones disciplinarias y su calificación promedio de los últimos tres años es de 6,66 (sobresaliente). No posee parentescos en el Poder Judicial. En cuanto actividad gremial fue presidente y actualmente director de la Asociación Nacional de Magistrados. Es Consejero Titular del Departamento de Bienestar del Poder Judicial. Fue profesor durante 28 años de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Carabineros. Durante los años 1990 a 2000 fue monitor de las clínicas jurídicas en la Universidad de Chile.

B) Carrera judicial:

1 Oficial 2º 11º Juzgado del Crimen de Santiago 1977
2 Oficial 2º 19º Juzgado del Crimen de Santiago 1980
3 Secretario titular Juzgado de Letras y Garantía de
Cauquenes
1981
4 Secretario titular 10º Juzgado Civil de Santiago 1982
5 Juez titular 1º Juzgado del Crimen de
Puente Alto
1984
6 Relator titular Corte de Apelaciones de San Miguel 1988
7 Juez titular 11º Juzgado del Crimen de
San Miguel
1989
8 Juez titular 1º Juzgado del Crimen de Santiago 1990
9 Juez titular 6º Juzgado Civil de Santiago 1992
10 Juez titular 3º Juzgado del Crimen de Santiago 2000
11 Fiscal Judicial Corte de Apelaciones de Santiago 2002
12 Ministro titular Corte de Apelaciones de Santiago 2007

C) Actividad judicial y fallos relevantes: El ministro Carroza ejerce exclusivamente como ministro en visita en materia de derechos humanos desde el año 2010 por encargo de expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, por tanto posee un régimen distinto a los demás postulantes en materia de redacción de fallos. Por ejemplo durante el año 2018 redactó 29 sentencias como ministro en visita extraordinaria en materias relacionadas con derechos humanos. Entre los fallos relevantes se encuentran: episodio “Pisagua Principal” (2016), causa “Fuente Ovejuna” (2018), causa “Jaime Guzmán” (2018), causa “Casa de la Cultura” (2018), episodio “Condor” (“2018”), episodio “Caravana de la Muerte a La Serena” (2018) y causa “Caso Quemados” (2019).

V. SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS[1]

A) Antecedentes curriculares: 71 años, abogado de la Universidad de Concepción, actualmente ejerce como ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique; cargo que ocupa hace 31 años. No registra medidas disciplinares y su calificación promedio de los últimos tres años es de 6,70 (sobresaliente).

B) Carrera judicial:

1 Secretaria titular Juzgado Letras y Garantía de
Traiguén
1973
2 Secretaria titular 1º Juzgado de Letras de Coronel 1974
3 Juez titular Juzgado de Letras de Pto. Varas 1976
4 Juez titular Juzgado de Menores de Pto. Montt 1978
5 Juez titular 1º Juzgado del Crimen Pto. Montt 1979
6 Ministro titular Corte de Apelaciones de Coyhaique 1987
7 Presidente Corte de Apelaciones de Coyhaique 2007

[1] Conforme al Edicto de 14 de enero de 2019 lo postulantes deben acompañar, entre otro, los siguientes antecedentes: curriculum vitae, ultimas tres calificaciones, declaración jurada sobre parentesco en el Poder Judicial y cantidad de sentencia redactadas en el último año.

[2] El artículo 78 de la Constitución ordena que la quina debe tener al ministro más antiguo de la Corte de Apelaciones que figure en la lista de méritos. Mientras que los cuatro candidatos restantes son elegidos por el pleno de la Corte Suprema

[3] Respecto al ministro Mora al ser incluido por derecho propio, éste no entrega antecedentes para el concurso, tales como número de fallos redactados, o declaración jurada sobre parentesco en el Poder Judicial. Por eso la información disponible es menor.