Tan solo en el segundo semestre del año pasado fueron ingresados y admitidos a tramitación en los tribunales ambientales 20 proyectos de inversión, equivalentes a US$ 8 mil millones. La cifra es histórica, ya que nunca se había judicializado esa cantidad de iniciativas en tan solo un semestre, desde que se crearon esta judicatura especializada.

Así se desprende del reporte realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). en conjunto con el Observatorio Judicial, en el que se estudia la conflictividad judicial de los proyectos de inversión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Desde la CPC explican que, para efectos de este informe, un “proyecto judicializado” es aquella iniciativa de inversión que, tras pasar por el SEIA (con el fin de obtener una Resolución de Calificación Ambiental), y después de experimentar una reclamación administrativa, pasa a revisión judicial ante los tribunales en materia ambiental. “Luego de su primera instancia judicial, podría ser llevado ante una segunda instancia judicial”, explican.

De estas 20 causas nuevas, hay seis energéticas, tres mineras, tres de infraestructura portuaria y en transporte, tres agropecuario-agroindustriales, dos acuícolas, dos de saneamiento ambiental, una inmobiliaria. A pesar de este fuerte aumento registrado en la segunda mitad del 2019, desde la multigremial observan que no hay un motivo común entre las reclamaciones.

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