Opinión

Neolengua judicial

"Decir que los tribunales no pueden hacer políticas públicas y, a reglón seguido, hacer políticas públicas, vuelve imposible discutir sobre el asunto"

Hace un tiempo, la Corte Suprema decidió obligar al Estado a financiar los 500 millones de pesos que cuesta el tratamiento médico de un niño gravemente enfermo. En el texto de la sentencia, los ministros expresaron que su decisión “no alcanza, ni define, de modo alguno, la implementación de políticas públicas”, no obstante que dicho tratamiento no se encontraba amparado por la ley Ricarte Soto. Pues bien, transcurrido casi un mes desde dicha decisión, hemos conocido de dos nuevas sentencias en que la tercera sala de la Corte Suprema confirma su criterio, forzando a los servicios de salud a financiar prestaciones no contempladas en la ley.

La situación recuerda el principio del doblepensar, pilar de la neolengua. En la novela “1984”, George Orwell imagina un idioma creado específicamente para entorpecer el pensamiento, más que facilitarlo. Concretamente, el doblepensar es el poder de sostener simultáneamente dos creencias contradictorias, aceptándolas por igual. Permite mentir a un tiempo que se cree genuinamente en la mentira, conocer un hecho y olvidarlo a conveniencia, para luego traerlo de regreso a la memoria tan pronto como vuelva ser necesario. En definitiva, se trata de un mecanismo del poder político para imposibilitar la crítica.

Por supuesto, nadie cree que la Corte Suprema pueda homologarse al Ministerio de la Verdad de “1984”. Toda comparación con organismos de Estados totalitarios parece aberrante. Sin embargo, cuando se trata de recibir críticas, la Corte Suprema cierra filas y defiende sus decisiones a ultranza. Esto es normal y esperable. Lo anormal, en cambio, es que eche mano de mecanismos retóricos que, más que hacer frente a las críticas, buscan neutralizar el lenguaje que las hace posibles. La expresión “activismo judicial”, por ejemplo, es anatema entre la judicatura. Asimismo, decir que los tribunales no pueden hacer políticas públicas y, a reglón seguido, hacer políticas públicas, desdibuja de tal manera el concepto que se vuelve imposible discutir sobre el asunto. “Es algo bello —dice el texto de Orwell— la destrucción de las palabras”.

Lo interesante es que son expresiones que apuntan directamente al ámbito de atribuciones de los jueces y su rol dentro del orden institucional. En otras palabras, permiten reflexionar sobre la verdadera extensión del poder del Poder Judicial. Justamente en tiempos en que la judicialización de la política se vuelve un fenómeno creciente y generalizado tanto en Chile como en el mundo, es importante que los tribunales se hagan responsables de las decisiones que adoptan, haciendo frente a las críticas con argumentos plausibles.

A nadie escapa que para cualquier juez las enfermedades costosas no cubiertas por la ley constituyen casos muy difíciles. Precisamente por eso, los ciudadanos esperamos que nuestros jueces se hagan cargo de las dificultades, asumiendo los costos, justificándolo tal vez, pero sin boicotear la crítica. Luego juzgaremos si las razones nos convencen. Pero, como dice Orwell, para ello requerimos “la libertad de decir que dos más dos es cuatro. Si eso está asegurado, todo lo demás le sigue”.