Carlos Caszely lo dijo primero, pero No + AFP lo dijo mejor. Resulta que ahora promueven recursos de protección solicitando el retiro anticipado de los fondos previsionales, amparados en el derecho de propiedad. Sí, leyó bien, No + AFP ¬─una organización que busca acabar con el sistema de capitalización individual─ defiende el sacrosanto derecho de propiedad. Tan absoluto e irrestricto sería el dominio, que ni la ley ni la autoridad podrían rayarle la cancha.

Por supuesto, la Constitución protege la propiedad. En 2001, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que los afiliados son dueños de los fondos previsionales que conforman su cuenta individual, quedando protegidos por la Constitución. Pero la misma sentencia indica que dicho derecho tiene ciertas particularidades y limitaciones, que no lo privan de su carácter de tal.

En efecto, sólo se puede acceder a los fondos cuando el afiliado cumpla una cierta edad, o bien en casos de invalidez o muerte del jefe de hogar. La ley limita temporalmente la facultad de disposición. Pero lo que la Constitución prohíbe son las afectaciones esenciales de sus garantías y deja en claro que, en la medida que ello no ocurra, la ley sí puede establecer limitaciones, como ocurre en este caso. Sin esto, no podría haber planes reguladores restringiendo qué puedo construir en mi terreno, ni leyes del tránsito que me impidan pasar por donde se me antoje con mi auto.

Por eso llama tanto la atención que Fernando Atria, que no es precisamente Thatcherista ni Reaganiano, diga que “el TC deberá decidir si es verdad que los recursos son de los trabajadores, que tienen derecho de decidir cómo los usan. Y si no es verdad, que digan que es sólo propaganda”. Intentemos explicar la estrategia: con el propósito de desmantelar el sistema de cotización individual, se pide al TC que resuelva que la propiedad sobre los fondos no puede tener límites legales. Pero como es improbable que el TC acceda ello, se socavaría retóricamente la justificación del sistema. ¡Vaya laberinto lógico! Atria llega a decir que el TC falla políticamente y no conforme a derecho, “pero daremos la pelea igual”. Si no creen en el TC, ¿para qué acuden a él entonces?

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