Acusaciones sobre tráfico de influencia y pagos a jueces. Tres ministros de la Corte de Apelaciones suspendidos. Más de una decena de funcionarios judiciales investigados y posibles nexos con políticos. Son parte de la trama del escándalo que remece a la Región de O’Higgins y que aún no se tiene claridad hasta dónde podría expandirse.

En entrevista con El Líbero, el abogado e investigador del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz, plantea las lecciones que se pueden sacar de este caso y las condiciones que “ayudan” a que casos como este ocurran en el Poder Judicial, como “una jerarquía sin contrapesos y la opacidad”, del sistema.

-Tanto el gobierno como diversos actores han calificado como “grave” lo que ocurre en la Corte de Apelaciones de Rancagua donde están suspendidos tres magistrados y se investiga al menos a 11 funcionarios judiciales por presuntos casos de corrupción. ¿Cuál es la magnitud de lo que se podría enfrentar?

-En casos de corrupción es difícil predecir su extensión, debido a su naturaleza oculta. Sin embargo, más que la cantidad de casos, lo central es la ocurrencia de ilícitos que afectan la condición central de la justicia: la imparcialidad. Es claro que el tráfico de influencias o sobornos revelan que el juez está al servicio de intereses personales y de poder.

-Cuando el Poder encargado de “impartir” justicia se encuentra en entredicho, ¿cuáles son las consecuencias que trae esto?

-Es necesario distinguir tres tipos de consecuencias: primero, política; segundo, institucional, y tercero, ciudadana. Respecto a las consecuencias políticas, esto se aprecia en la reciente reunión entre la presidenta de la Asociación de Magistrados, y el presidente de la Corte Suprema, en la cual ésta solicitó reestructurar el sistema de nombramientos y de responsabilidad de los jueces. En efecto, los magistrados perciben que el actual sistema de nombramientos no siempre promueve el mérito y crea ámbitos para las redes de influencias. Respecto a las consecuencias institucionales, deja en evidencia un sistema de responsabilidad de los jueces deficiente. Por ejemplo, en el caso del ministro Elgueta, él acumulaba un historial de irregularidades, y a pesar de ello fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua y era calificado con nota 6.8.

La corrupción en el Poder Judicial posee una agravante, que es viciar a aquellos que deberían protegernos, y además desestabiliza al organismo cuyo mandato es, precisamente, cuidar las leyes”.

Las consecuencias sobre la ciudadanía son bastante obvias: acrecentar la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial como mecanismo para resolver sus problemas.

-Hoy las instituciones gozan de escasa credibilidad entre la ciudadanía, en este caso ¿cuán grave es que la justicia no genera confianza?

-El filósofo John Locke señalaba que uno de los elementos que separaba el estado de naturaleza del estado civil, era la existencia de un tercero imparcial -el juez- que sea capaz de resolver los conflictos ciudadanos. Entonces, una de las principales funciones del juez es custodiar las leyes que permiten la vida en sociedad, y frente a eventos que quiebren las normas, el juez debe reestablecer el orden. Por lo tanto, la corrupción en el Poder Judicial posee una agravante, que es viciar a aquellos que deberían protegernos, y además desestabiliza al organismo cuyo mandato es, precisamente, cuidar las leyes.

-¿A su juicio cuáles son las principales condiciones que se dan en el Poder Judicial -por su estructura, su manera de funcionar, etc.- que hacen que puedan ocurrir situaciones como el tráfico de influencia?

-Pienso que son dos: una jerarquía sin contrapesos y la opacidad. La jerarquía, como sistema, tiene la característica de generar gran dependencia entre quien está debajo y quien está arriba. El problema es que, sin los debidos controles, la jerarquía puede quedar sujeta a los caprichos del superior. En efecto, si tu ascenso como juez depende en gran medida de la discrecionalidad de tus superiores, se crean incentivos para buscar y ganar el aprecio de éstos. Por lo tanto, pueden existir casos de jueces inescrupulosos, que reemplacen el esfuerzo y el mérito, por las relaciones personales y el pago de favores.

Es muy importante dejar en claro, y ser muy enfático, que esto no implica que todos los nombramientos y ascensos del Poder Judicial sean por amiguismo, sino más bien que una jerarquía sin controles incentiva el amiguismo. Por lo tanto, se deben buscar remedios que disminuyan ese defecto del sistema jerárquico.

Otro factor es que la información en el Poder Judicial es opaca y de difícil acceso. Esta falla crea espacios para ilícitos. Por ejemplo, actualmente el Poder Judicial no cuenta con canales de acceso fácil a información relevante, tales como nombramientos, promociones, calificaciones o procesos disciplinarios. Lo anterior entorpece una fiscalización ciudadana, porque si bien la información algunas veces es pública, su acceso está limitado por barreras burocráticas.

El Poder Judicial no cuenta con canales de acceso fácil a información relevante, tales como nombramientos, promociones, calificaciones o procesos disciplinarios. Lo anterior entorpece una fiscalización ciudadana”.

-Se ha hablado de reformar el nombramiento de jueces. ¿Esta medida ayudaría? ¿Cuáles otros aspectos debiesen cambiar para hacer más transparente a las cortes?

-Un sistema de nombramientos que asegure el mérito, y reduzca el amiguismo lo más posible será un avance. Sin embargo, todo sistema de nombramientos tiene sus defectos y es corruptible. Por tanto, los esfuerzos deben destinarse a reforzar los controles de vigilancia, tanto internos, como externos al Poder Judicial. Por ejemplo, vías de denuncia seguras, total transparencia de la información, y sanciones acordes al ilícito. A mayor riesgo de ser descubierto y castigado, menor son las ganas de delinquir.

-La ex ministra de la Corte Suprema, Gabriela Pérez, señaló en El Mercurio: “Yo no tenía buena opinión de él (ministro Elgueta) como funcionario. Voté porque lo sancionaran por la amonestación privada (2010). Nunca fue buen ministro. Lo calificaba siempre con un cuatro, y en el Poder Judicial eso es bajo”. ¿A su juicio debiesen ser más transparentes los procesos disciplinarios? ¿Y las calificaciones?

-A mi juicio, lo más grave ocurrido hasta el momento son las declaraciones de la ex ministra Gabriela Pérez. Cuando uno lee la entrevista, queda con la percepción que los casos de corrupción ocurrían a vista y paciencia de los ministros de los tribunales superiores. Por ejemplo, cómo trasladaban a jueces investigados de un tribunal a otro; o, peor aún, cómo delitos graves y comprobados eran sancionados con una amonestación. Efectivamente, los procesos disciplinarios deben ser públicos. Así la ciudadanía podrá vigilar, tanto una investigación efectiva, como una sanción adecuada, y denunciar ante la opinión pública cuando ello no ocurra.

Queda con la percepción que los casos de corrupción ocurrían a vista y paciencia de los ministros de los tribunales superiores”.

-También están en la palestra la relación entre el Poder Legislativo y el Judicial. En concreto, una reunión del senador Juan Pablo Letelier con el Fiscal Nacional donde abordaron el tema de los jueces de la VI Región. ¿Existe mucha influencia entre los dos poderes? ¿Se debieran “extremar” más los cuidados para evitar posible lobby?

-Desconozco los vínculos entre parlamentarios y jueces. Ahora bien, a diferencia de otros poderes del Estado, los tribunales de justicia no están sujetos a la Ley de Lobby. Aquí existe un punto en el cual se puede avanzar.Por último, si bien existe varias aristas mejorables en pro de la transparencia y de restablecer la confianza, la labor del Poder Judicial y especialmente de la mayoría de los jueces que ejercen correctamente sus funciones, es necesaria y destacable. Hoy el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua debe ser visto como una oportunidad para perfeccionar el sistema.