El centro de estudios Observatorio Judicial realizó un crítico informe en el que hace un llamado al Parlamento a que rechace la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, cuya cuestión previa será votada el próximo viernes 14 en la Cámara de Diputados.

En primer lugar, el informe menciona la existencia de una intromisión del Congreso en las facultades de los tribunales. Si bien el texto de la acusación desecha esto al señalar que “el Congreso Nacional no dictará una sentencia de reemplazo ni anulará las dictadas”, de acuerdo al Observatorio Judicial, “ningún juez puede sentirse libre de fallar conforme a su propio criterio jurídico si sabe que pesa sobre sí el riesgo de ser acusado constitucionalmente cuando sus decisiones no sean del gusto de los parlamentarios”.

Un segundo argumento del texto -elaborado por José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial- dice relación con el concepto de notable abandono de deberes. Según el centro de estudios, tomando en cuenta la doble acepción que se le dio en la acusación a este término, no es posible señalar que los tres jueces en cuestión hayan faltado a sus deberes formales (presentarse al tribunal, cumplir con el horario, etc.), ni tampoco a los deberes sustantivos (hacer justicia en los casos que se conocen, fallando conforme al derecho vigente).

En tercer lugar, el informe pregunta: “¿Por qué tres ministros de impecables credenciales democráticas habrían de promover una forma indebida de impunidad, de manera ‘deliberada y consciente’? La acusación guarda silencio sobre este punto. Pero hay una explicación mucho más obvia y plausible: los ministros interpretan la ley de manera distinta que los acusadores”.

Un cuarto argumento hace relación con que el supuesto incumplimiento de parte de Dolmestch, Künsemüller y Valderrama a su deber de control de convencionalidad, es decir, el de adaptar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos a la hora de fallar.

Si bien desde el Observatorio Judicial no se busca defender ni rechazar el concepto de control de convencionalidad, se menciona que este “es una construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no ha recibido el apoyo unánime ni de la doctrina ni de la jurisprudencia”.

Por lo mismo, el informe señala, en quinto lugar, que tendría que ser “deber del legislador ajustar la normativa nacional con lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por Chile”. El envío de parte del gobierno de Bachelet de un proyecto de ley en enero del 2018 sobre cumplimiento de penas por crímenes contra los derechos humanos es, para el centro de estudios, una prueba de que no es del todo claro e indiscutido la aplicación de la normativa internacional en la materia.

Viernes 14
La Cámara de Diputados votará la acusación constitucional contra los tres magistrados.

“Ningún juez puede sentirse libre de fallar conforme a su propio criterio jurídico si sabe que pesa sobre sí el riesgo de ser acusado constitucionalmente”.

“¿Por qué tres ministros de impecables credenciales democráticas habrían de promover una forma indebida de impunidad, de manera ‘deliberada y consciente’? La acusación guarda silencio sobre este punto”.
INFORME OBSERVATORIO
JUDICIAL

 

Publicación: El Mercurio, lunes 10 de octubre de 2018