Desde que empezó el periodo legislativo en marzo ha habido dos intentos fallidos de destituir autoridades del ámbito de la administración de justicia: el Fiscal Nacional y tres ministros de la Corte Suprema. Ambos terminaron generando un revés para la oposición -liderada en este tema por los diputados del Frente Amplio. El pasado martes la Corte Suprema dio a conocer el fallo íntegro que rechazó la destitución del Fiscal Nacional.
Según el director ejecutivo del Observatorio Judicial José Miguel Aldunate, una respuesta al aumento de las fiscalizaciones de los parlamentarios estaría relacionado con la “judicialización de la política”. “Muchas decisiones políticas empiezan a pasar por los tribunales y ese es un fenómeno mundial”, asegura.
-¿Cuál es su evaluación del fallo?
-Ya se sabía que la corte había rechazado la remoción del fiscal en un fallo unánime bastante decidor. Los promotores del fallo debieran tenerlo en consideración porque habla de que hay un acuerdo en la corte muy fuerte de que la solicitud de remoción no tenía fundamento. Básicamente lo que dice es que no hay una negligencia inexcusable por parte del fiscal, sobre todo más que nada esto genera una reflexión con el uso de estas facultades por parte de los diputados para promover este tipo de causas. Es obvio que las atribuciones existen y que en el momento que esto se acoge a trámite están facultades para hacerlo. La pregunta en ese sentido no es jurídica sino que es política, tiene que ver con un cuestionamiento de ciertos sectores políticos al trabajo de los fiscales y al trabajo de los jueces por vías, hasta ahora, institucionales pero que de todas maneras estresan de alguna manera al sistema.
-¿Dónde está el límite que tienen los parlamentarios en su rol fiscalizador?
-Está bien que se utilicen las vías para eso y, en definitiva, lo que demuestra esto es que el sistema funciona porque se termina en una instancia jurisdiccional que termina fallando conforme a la norma vigente. Lo único que genera tal vez algo de resquemor es: ¿qué pasa si esto se vuelve reiterado? Si hay una presión política permanente a los tribunales a fallar en tal o cual sentido, esa es la pregunta. Ahí lo que uno tendría que responder es que hasta ahora los tribunales han fallado bien, han resuelto bien estas materias. Pero si esto se vuelve reiterativo uno esperaría de parte de otros sectores políticos no un apoyo a los tribunales en un sentido de que adopten tal o cual decisión, sino que un apoyo a la institucionalidad misma que asegura la independencia a los tribunales y al valor mismo de la independencia judicial, es decir, que los jueces fallen de manera ecuánime conforme a la normativa y nunca respondiendo a presiones políticas. En ese sentido, el apoyo político que uno debiera ver de parte de otros sectores políticos hacia los tribunales no debiera ser un apoyo de izquierda o de derecha sino que un apoyo a favor de las instituciones republicanas.
-¿Por qué se produce esta tendencia? Ya lo vimos con el fiscal nacional y los ministros de la Corte Suprema.
-Esto se enmarca en un fenómeno más general que tiene que ver con la judicialización de la política. Muchas decisiones políticas empiezan a pasar por los tribunales y ese es un fenómeno mundial. Es un fenómeno multifactorial, tiene mucho orígenes sociológicos, políticos, económicos. Más allá de que las causas no sean los propios tribunales, el principal actor terminan siendo los tribunales y en el fondo es un desafío que le presenta la sociedad moderna a los tribunales de atenerse a la normativa o sucumbir a la tentación de fallar políticamente.
-¿Cómo se puede mantener la independencia y que las instituciones no se politicen?
-Por una parte hay un tema cultural y valórico, en ese sentido, quienes son los principales llamados a promover la independencia judicial, como, un valor político relevante, son los propios políticos porque son ellos quienes pueden ser a la vez la principal amenaza al poder judicial. En segundo lugar, como valor político y jurídico por supuesto que la propia cultura de los jueces es muy importante y preguntarse cuánto valoran los jueces la independencia judicial como un valor jurídicamente relevante. Eso tiene que ver con cómo está siendo formada la academia judicial, cómo se los valora socialmente y políticamente. También se puede hacer una reflexión institucional sobre si la institucionalidad del poder judicial hoy día apoya o dificulta la tarea de tener fuerzas políticamente independiente. En ese sentido es un problema muy grande, que tiene muchos aspectos, y que en Chile los jueces se han mantenido relativamente dentro de la independencia pero también hay dentro del propio poder judicial cuestionamientos a la independencia interna o vertical de los jueces. En definitiva lo que se requiere es una institucionalidad que apoye al juez en su tarea de cumplir con el valor de la independencia judicial y que no lo deje solo en eso.
-¿Por qué se percibe con mayor fuerza una politización de las instituciones?
-Se percibe más entre cosas con la deslegitimación de las autoridades políticas. Hoy día si tengo una demanda política parece que es más efectivo recurrir a tribunales porque puedo obtener una solución rápida para mi propio problema, que una solución en el foro en que esto corresponde que es el Congreso y en general el foro político. El problema que genera esto es que los tribunales están pensados para resolver controversias, no están pensados para hacer políticas públicas. Donde se tiene que generar ese tipo de discusión es el foro legislativo, no es el foro judicial pero la presión de la sociedad es cada vez más hacia allá porque se percibe al foro político como una instancia muy poco efectiva.
-El fallo es determinante descartando negligencia y que no quebrantó su deber propio del fiscal nacional. ¿Revela que las instituciones están posicionadas y que no hay necesidad de que se les cuestione?
-Es positivo que haya un control y que se utilicen estos mecanismos, que existen, puedan ser usados por parte de parlamentarios de todas maneras es algo positivo. Lo propio del funcionamiento de una República es que hayan estos pesos y controles que generan más transparencia y una preocupación mayor de que las autoridades actúen conforme a la ley. La pregunta es cuáles son los valores que se busca proteger detrás del ejercicio de estas acciones, si se trata de promover una agenda política en uno o en otro sentido y queremos enjuiciar a autoridades que tienen a diferencia de los parlamentarios y se los está persiguiendo por no seguir agendas particulares eso es muy problemático. Es positivo que hasta ahora el sistema ha respondido afirmando que a diferencia de los parlamentarios los jueces y los fiscales no se deben a agendas particulares, los parlamentarios tienen intereses políticos y es legítimo que así sea. Pero los jueces y los fiscales tienen un deber de neutralidad e imparcialidad que es propio de su función y no se les puede exigir que gestionen intereses políticos o una u otra agenda política.