El reciente 27 de mayo, el Observatorio Judicial organizó un seminario sobre probidad en el Poder Judicial, al que asistieron el ministro de Justicia Hernán Larraín, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Soledad Piñeiro, y el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri.

Luego de que la opinión pública tomó conocimiento de las irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, nos ha parecido oportuno abrir un espacio de reflexión sobre el problema, habida cuenta de que, en tiempos de crisis, surgen diagnósticos simplistas y demandas por soluciones fáciles. Pero, si algo nos enseñó el seminario del día lunes, fue sobre la complejidad de los factores que inciden en el fenómeno de la corrupción al interior del Poder Judicial.

En efecto, el problema involucra tanto la ética personal de los miembros del Poder Judicial como a los arreglos institucionales que previenen la corrupción. En cuanto a lo primero, la mayoría de los expositores subrayaron el hecho de que la inmensa mayoría de los jueces son personas probas. Sin embargo, una regulación plagada de opacidades, indefiniciones y espacios de discrecionalidad facilita una cultura institucional donde, para avanzar en la carrera funcionaria, hace falta contar con amigos y padrinos. Por otra parte, cuando ocurren irregularidades, el Poder Judicial cuenta con un sistema inmune inadecuado, sin un catálogo preciso de conductas prohibidas, como tampoco un arsenal de sanciones efectivas o un procedimiento claro para aplicarlas.

La Corte Suprema ha hecho esfuerzos para prevenir estas situaciones, intentando llenar los vacíos por medio de actas y autoacordados. Aunque se trata de un esfuerzo loable y necesario, despierta resquemores entre los miembros la Asociación de Magistrados, que temen que el Tribunal Supremo podría estar extralimitándose en sus funciones, siendo necesarias reformas legales. De aquí que resultara positivo escuchar la voluntad política del ministro de Justicia de revisar la normativa vigente e implementar reformas.

De éstas, las más pertinentes parecen ser la reforma el régimen disciplinario y la reforma a las normas sobre nombramientos de jueces. Sobre esta última, el ministerio de Justicia ya anunció dos propuestas, que en ambos casos contemplan la creación de un concejo de nombramientos. Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados planteó la conveniencia de que dicho consejo integre a un representante suyo, para dar una voz a la sociedad civil, en general, y a los litigantes, en particular, dentro del proceso.

Ahora bien, cualquiera sea el contenido preciso de las reformas, estas deben propender hacia la promoción del mérito y la transparencia, pero cautelando resguardar la independencia del Poder Judicial en sus facetas externa e interna, así como el deber de imparcialidad de los jueces. De este modo, al diseñar la integración del nuevo consejo de nombramientos, el legislador debe buscar romper la lógica de absoluta sujeción jerárquica entre superiores e inferiores que hoy prima en el Poder Judicial, pero cuidando de no introducir lógicas de cuoteos políticos o influencias ideológicas ajenas a la labor jurisdiccional.

Para esto, la creación de concursos públicos conforme a criterios de mérito, es una medida necesaria e indispensable, aunque insuficiente si no va acompañada de un entorno institucional propicio. En este sentido, los esfuerzos realizados por la Corte Suprema en materia de transparencia constituyen un avance en la dirección correcta.En definitiva, la complejidad de factores que inciden sobre el régimen institucional del Poder Judicial invita a que sostengamos una deliberación 

José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo de Observatorio Judicial.