Fue en junio cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, retiró el proyecto que reforma a las isapres y Fonasa presentada por su antecesor, Emilio Santelices, e ingresó uno nuevo. Meses antes, en enero, en la cuenta pública del Poder Judicial, el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, había hecho un llamado al gobierno para que solucionara un tema que le preocupaba: las causas que llegan a la justicia por el alza de los planes de las isapres. Por eso, se espera que la reforma de Mañalich aborde este punto.

“Es una diferencia de estrategia legislativa, no hacer juicio sobre lo que ya aprobó la Comisión de Salud y agregar aquellos elementos que perfeccionan lo que quedó pendiente de 2013”, dijo el titular de Salud hace dos semanas en Radio Duna. “Va a ser ingresada una indicación nueva que toma el Plan de Salud Universal, la potestad de la Supeintendencia, un seguro catastrófico en isapres. Creo que vamos a llegar al mejor de los mundos”, añadió Mañalich.

Y a la espera de lo que ocurra con ese proyecto, desde Observatorio Judicial -centro de estudios dedicado al análisis de las decisiones de los tribunales de Justicia- realizaron un informe sobre el trabajo de los tribunales por la gran cantidad de recursos de protección que se ingresan contra las isapres por el alza de los planes.

“Para bien o para mal, el Poder Judicial ha montado una verdadera política pública en la que resuelve una ingente cantidad de recursos de manera mecánica y sin consideración a la especificidad del caso, como exige la función jurisdiccional”, se lee en el informe de la entidad que tiene en su consejo directivo al ex ministro de Educación, Gerardo Varela, y el nuevo consejero del Consejo de Defensa del Estado, Sebastián Soto.

En el documento también se planteó la pregunta de cuánto tiempo le tomaría a los tribunales de justicia fallar todos los recursos que llegan. En 2018, según cifras que cita el informe, se ingresaron  85.270 recursos de protección contra Isapres por alza de plan en la Corte de Apelaciones de Santiago. Mientras que a la Corte Suprema ingresaron un total de 18.461 causas por la misma materia. Siete meses se demoraría la Corte de Apelaciones y ocho la Corte Suprema en revisar caso a caso: “En ambos casos es imposible, porque significaría el colapso del sistema de justicia”, se agrega en el documento.

Para Observatorio Judicial, las sentencias de los tribunales en relación a los recursos de protección son una “ficción” debido a que no se hace un estudio riguroso de cada recurso. “Como vimos, las sentencias afirman que el alza no está justificada, sin embargo difícilmente los jueces hacen el debido análisis”, se lee en el texto.

Es inadmisible que los tribunales utilicen la institucionalidad para construir una ficción de justicia que en la práctica no opera, y cuyas consecuencias han sido profundizar la judialización de la salud. En efecto, dicha ficción se sostiene y es posibles gracias a que en la práctica casi la totalidad de los recursos son acogidos, ya que rechazar los recursos implicaría a los tribunales razonar y dedicar tiempo a verificar que el alza está justificada”, se concluye en el documento.

Jueves 1 de agosto de 2019, publicado en La Tercera PM