Prontamente, la Corte Suprema deberá conformar la quina para nombrar al sucesor del ministro Carlos Cerda. ¿Bajo qué criterios hará su propuesta? Si atendemos únicamente al factor territorial, encontramos que el 88 por ciento de los ministros del máximo tribunal provienen de las cortes de apelaciones de la Región Metropolitana. En efecto, entre los años 2000 y 2017, de los 27 ministros procedentes del escalafón judicial, 19 lo hacen de la Corte de Apelaciones de Santiago y cinco de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

¿Por qué se produce este fenómeno? La ley no exige que las quinas de postulantes a la Corte Suprema se conformen de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago ni tampoco siquiera de una corte de apelaciones en lo absoluto, pudiendo incluso provenir de los juzgados de letras. Quizás, los ministros de la Corte Suprema entienden que existe una jerarquía implícita entre las distintas cortes de apelaciones del país. Quizás, por razones de cercanía geográfica, los ministros de las cortes de apelaciones de la Región Metropolitana están en mejor posición que sus pares de otras regiones para promover su postulación a la Corte Suprema. Se pueden especular muchas razones probables y quizás ninguna de las mencionadas sea efectiva. Una sola cosa es innegable: no conocemos a ciencia cierta la causa del fenómeno y solo podemos conjeturarla.

Lo anterior es grave. Sin una discusión en el foro democrático y una posterior definición de la autoridad política respecto a nuestro sistema de nombramientos, este patrón de centralización geográfica en la nominación de postulantes a la Corte Suprema deviene injustificado. La mujer del César no solo debe ser casta, además debe parecerlo. Asimismo, los tribunales de justicia no pueden operar bajo lógicas que resultan opacas para los externos al sistema, poniendo en duda la independencia judicial y la carrera funcionaria basada en méritos. La ciudadanía se molesta cuando la configuración de un órgano tan central al buen funcionamiento del sistema democrático, como la cabeza del Poder Judicial, se realiza a espaldas suyas. Por supuesto, no se trata de que contemos con jueces designados por elección popular ni ningún otro mecanismo disruptivo de nuestra tradición institucional. Simplemente, se requiere mayor transparencia sobre los criterios para elegir a los postulantes a la Corte Suprema, así como una mayor discusión pública sobre la pertinencia de dichos criterios.

El problema, en definitiva, no se soluciona si en esta ocasión la Corte Suprema nomina a un número mayor de ministros provenientes de jurisdicciones distintas a Santiago y San Miguel. Incluso, en el improbable caso de que ello ocurriera —pues la tendencia observada hasta ahora ha sido la contraria— los ciudadanos seguiremos estando a oscuras sobre qué determina quién llega y quién queda fuera de nuestro Tribunal Supremo.