“¿Qué contexto institucional permitió que esto ocurriera?”.

La pregunta se la hace a sí mismo el abogado PUC José Miguel Aldunate, licenciado en Filosofía y Máster en Teoría Política y del Derecho de la University College of London. Desde 2016 es director ejecutivo del Observatorio Judicial del Instituto Libertad y Desarrollo, con quien conversamos sobre las moralejas del escándalo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que hoy tiene a uno de sus jueces formalizado (ver nota adjunta), y los otros problemas que esta entidad advierte en el funcionamiento de la Justicia.

De hecho, el Observatorio nace para reflexionar sobre un nuevo fenómeno que se da en este Poder del Estado: “Los ciudadanos, en vez de buscar soluciones generales en el foro público, mediante una discusión general y política abierta, buscan cada vez más respuestas personales e inmediatas en el Poder Judicial. El caso más claro es la judicialización de las isapres, pues no es razonable que más de la mitad de la carga de trabajo de la Suprema sea por recursos de protección en ese tema. ¿Dónde están el Congreso y el Ejecutivo para solucionar esto?”.

—La clase política lleva años postergando ese tema. Y si a los jueces les llegan conflictos, resuelven.

—Obviamente, porque por principio no pueden abstenerse de fallar en una causa. Muchas veces los políticos dejan ciertos problemas difíciles a los tribunales. Pero sí hay un llamado a los jueces a resolver conforme a la ley. Veamos lo que ocurre con la Ley Ricarte Soto: se discutió en el Congreso y se estableció un presupuesto especial. Pero los jueces se saltan los mecanismos de esa norma y conceden remedios de alto costo, no aprobados por comités técnicos del Ministerio de Salud, apoyándose en el concepto abstracto de que el derecho a la vida prima sobre todo. Y por eso, en enero y febrero hubo más recursos de protección por Ley Ricarte Soto que todo el año pasado.

“Muñoz falla conforme a principios; Silva, a reglas”

—Un libro de Elizabeth Lira y Brian Loveman describe al Poder Judicial de la primera mitad del siglo XX como formalista, y muy sometido al poder político de turno. Sabemos la crítica a la Suprema por su desempeño en el régimen militar. ¿Los jueces se están corriendo para el otro lado de la balanza?

—Es un fenómeno multicausal. Efectivamente, en el pasado se observa un Poder Judicial muy formalista y obsecuente. También existen fenómenos como el neoconstitucionalismo, donde el derecho constitucional empieza a tener una aplicación más directa, dándole —de alguna manera— una especie de carta blanca al Poder Judicial para decir cosas como a propósito de la Ley Ricarte Soto. También el recurso de protección hoy está completamente desbordado: se convierte en una discusión de fondo, muy informal.

—¿Qué liderazgos de la Suprema están detrás de estas tendencias?

—En la tercera sala, el ministro Sergio Muñoz ejerce una preeminencia grande. Es sin lugar a dudas muy trabajador, inteligente, pero también genera ciertos resquemores en la comunidad jurídica, porque promueve definiciones que son de justicia material. En el fondo, se desapega —y esa crítica está— del texto de la ley.

—¿Y jueces más tradicionales?

—Antes de su ingreso a la Corte Suprema hicimos un perfil del ministro Mauricio Silva Cancino: Sus sentencias en la Corte de Apelaciones, en general, son muy fundamentadas y apegadas al texto de la ley. Uno podría decir que Muñoz es un ministro que falla conforme a principios y Silva Cancino, lo hace más conforme a reglas.

—Partiste esta conversación preguntándote sobre los elementos institucionales que permitieron situaciones como las de Rancagua. ¿Cuáles crees que son esas?

—El Poder Judicial no es el único poder en problemas. Están la Iglesia, Carabineros… Son estructuras excesivamente jerárquicas, con pocos controles, y poca transparencia, a pesar de que el Poder Judicial ha hecho muchos esfuerzos en esta última materia. En materia de nombramientos y control disciplinario está al debe. Desde los 90 en Chile ha habido reformas sobre todo en primera instancia —lo laboral, penal, aduanero, familia—, pero las materias de gobierno judicial no se han actualizado. Y hoy tienes un sistema de nombramientos que depende totalmente de los superiores jerárquicos, que premia las relaciones personales, sin nada legal que los obligue a establecer criterios objetivos para las designaciones y se producen instituciones como el besamanos: audiencias que tienen que conseguir los inferiores jerárquicos frente a su superior para que los pongan en ternas o quinas.

De hecho, Elgueta tenía nota 6,8.

—Es que las notas no significan nada, lo que también es algo común a la administración del Estado. Pero si, por ejemplo, incorporamos un perfil psicológico en la selección de un cargo, es distinto el informe que debe hacerse para un juez de familia o penal.

El exsupremo Pedro Pierry decía que había que sacar a la justicia del proceso para nombrar notarios, por el riesgo de tráfico de influencias.

—Claro, porque ahí podría pensarse que se está ante una caja de premios: Es un espacio de discrecionalidad y con poco escrutinio. Y también el otro elemento es el disciplinario. Hoy no hay más de 10 procesos de este tipo al año, que mayoritariamente terminan con sanciones bajas.

La exsuprema Gabriela Pérez criticó que la sanción termine en traslados.

—Y ocurre porque cuando tienes un sistema disciplinario que funciona tan mal, sin instancias distintas que las del propio superior jerárquico, se confunde con el sistema de nombramiento: Este último pasa a ser también un mecanismo de castigo, y te cambian de lugar en vez de tener sanciones propiamente tales.

Gabriela Pérez agregó otro factor: La influencia de la masonería, entre cuyos miembros se protegen.

—Es lo que dicen los jueces: No sé cuánto importa, pero justamente el problema es que no lo sabemos. Y ocurre porque hay espacios de discrecionalidad donde opera, quizás, este tipo de lógicas.

—¿Qué se estudia respecto al sistema de nombramientos?

—Desde antes de que surgiera esta crisis se está trabajando el tema en el Ministerio de Justicia. Y tienen una muy buena solución: generar instancias paralelas, como pequeños consejos para cada nombramiento, donde —más que con un ranking general— se asocia la idea de mérito al perfil del cargo. No elimina del todo la discrecionalidad, pero la acota.

Entrevista a José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo de Observatorio Judicial, en La Segunda.