Mientras el medio ambiente se toma la agenda en Chile post COP25 y ante la extrema sequía que afecta al país, el 26 de enero se cumplieron 10 años desde la publicación de la Ley que creó el ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Uno de los aspectos centrales de esta nueva institucionalidad fue la entidad fiscalizadora, que el 28 de diciembre de 2012 quedó habilitada para iniciar sus funciones de vigilancia. Por esto, el Observatorio Judicial indagó en la relación entre la SMA y los tribunales de justicia durante estos siete años, dando cuenta de su rendimiento y la influencia de su lupa fiscalizadora.

Considerando que el artículo 56 de la Ley establece que quienes estimen que las resoluciones de la SMA no se ajustan a derecho podrán apelar ante el Tribunal Ambiental -dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación- durante el período 2013-2019 se han interpuesto 170 reclamaciones contra el regulador, de las cuales un 18% están pendientes y un 82% están terminadas. De estas últimas, un 50% fueron por dictación de sentencia definitiva. Es decir, los Tribunales Ambientales han fallado 85 reclamaciones.

En cuanto a los motivos, un 70% de los reclamos contra la SMA responde a materias vinculadas a la potestad sancionatoria de la entidad (medidas provisionales, sanciones y programas de cumplimiento). En esa línea, un 38% de las causas tienen su motivo en sanciones, en especial multas, las cuales representan un tercio del total de reclamaciones deducidas en el período.

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